El Gobierno de Filipinas presentó hoy en la oficina del Secretario General de la ONU el documento para solicitar la retirada del país de la Corte Penal Internacional (I), tal como anunció esta semana el presidente, Rodrigo Duterte. 1w2t4l
El representante permanente de Filipinas ante la ONU, Teodoro Locsin, entregó la solicitud al jefe de gabinete de Antonio Guterres ya que éste "se encuentra en el extranjero", explicó el primero en su cuenta oficial de Twitter, donde adjuntó una copia del documento.
La solicitud atribuye la retirada del país del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la I adoptado en 1998, a "la postura de principio de Filipinas contra aquellos que politizan y convierten en armas los derechos humanos".
El miércoles Duterte anunció la salida "inmediata" de Filipinas de la I, a la que acusó de ataques "intolerables" contra su persona y su istración por tratar de investigar su polémica campaña antidroga que suma más de 7.000 muertos desde junio de 2016.
El documento entregado hoy por el representante filipino en Nueva York no incluye la exigencia de que la retirada sea con carácter inmediato, tal y como proclamó Duterte en un primer escrito.
La salida de un Estado de la I solo puede hacerse efectiva un año después de que el Secretario General de la ONU reciba la correspondiente notificación por escrito, según el artículo 127 del Estatuto de Roma.
EEUU y Rusia se retiraron del Estatuto años después de haberlo firmado, mientras China, India y la mayoría de naciones de Asia nunca llegaron a ratificarlo y por tanto no forman parte del llamado tribunal de La Haya.
La I recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino que exigió juzgar a Duterte por "asesinatos en masa" durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.
Como resultado, el pasado 8 de febrero la corte inició una investigación preliminar sobre los presuntos asesinatos extrajudiciales de esa campaña para determinar si existe o no base suficiente para abrir una causa.
El jefe de Estado filipino emprendió una campaña de acoso contra los relatores de la ONU sobre derechos humanos, a los que amenazó con "lanzar a los cocodrilos" o "abofetear" en el caso de la sa Agnes Callamard, asignada a Filipinas.
La I ha pedido a Filipinas que reconsidere su decisión, ya que es uno de los pocos países asiáticos adscritos al Estatuto de Roma, mientras organizaciones de defensa de los derechos humanos han recordado a Duterte que la retirada del tribunal no le eximirá de ser juzgado por sus presuntos abusos.
FUENTE: EFE