Las autoridades de seguridad de El Salvador desarticularon este lunes un grupo de exterminio de pandilleros formado principalmente por agentes de la Policía y que está vinculado con al menos 47 homicidios. 6e3du
Una portavoz de la Fiscalía General de la República (FGR) detalló a Efe que fueron 19 personas detenidas en la zona oriental del país, entre las que se encuentran 14 policías activos y cuatro expolicías.
De acuerdo con el Ministerio Público, el detenido Juan Antonio Beltrán es uno de los "financistas de las ejecuciones" y coordinaba estos homicidios con el expolicía de élite Juan Josué Castillo.
Castillo, un agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), es prófugo de la justicia salvadoreña desde el 29 de diciembre de 2017, día en que hirió de bala a la agente Carla Ayala, luego huyó con ella hasta el oriente salvadoreño y finalmente el cuerpo de la víctima fue localizado en septiembre de 2018.
Datos divulgados por el Ministerio de Seguridad apuntan que con estas detenciones se "resuelven" las investigaciones de 20 homicidios individuales, "un quíntuple, un cuádruple, dos triples y seis dobles".
Estas personas también serán llevadas ante los tribunales por los delitos de intento de homicidios, privación de libertad, agrupaciones ilícitas y fraude procesal.
Todos estos crímenes se registraron en varias localidades de los departamentos orientales de Usulutan y San Miguel, donde las autoridades detuvieron en agosto de 2018 a cinco de esta misma estructura.
Los detenidos, según la Policía Nacional Civil (PNC), utilizaban uniformes policiales o del Ejército para simular "procedimientos oficiales" para ingresar a las viviendas de las víctimas, a las que posteriormente ejecutaban.
Este no es el primer grupo que se dedica a asesinar a supuestos de pandillas desarticulado por las autoridades de seguridad salvadoreñas.
El 9 de febrero de 2018, una corte de la capital salvadoreña condenó a 21 personas por el asesinato de 10 pandilleros, dos intentos de homicidio, robo y privación de libertad.
Los uniformados, cinco agentes y un chófer del cuerpo de seguridad, recibieron condenas de entre 3 y 48 años de prisión, mientras que los dos líderes de la organización recibieron sentencias de 184 y 158 años.
Este grupo fue desarticulado en mayo de 2016, un hecho inédito desde 1996, cuando se desactivó una estructura similar denominada "Sombra Negra".
Las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los cuerpos de seguridad y el retorno de "escuadrones de la muerte" alarmaron al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, en una visita que realizó en noviembre de 2017.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes atribuidas principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.