El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, investigado junto a su mujer y a su hijo Alejo por supuesto blanqueo de fondos procedentes de la petrolera venezolana PDVSA asegura que el patrimonio de su esposa es herencia de su padre y no tiene relación con el país sudamericano.
La Fiscalía Anticorrupción española investiga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Morodo ya no era embajador en Venezuela.
El dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la mujer de Morodo, que es ama de casa. Los investigadores sospechan que parte del dinero lo lavaron luego con inversiones inmobiliarias en España.
En un comunicado, al que tuvo Efe este viernes, la familia Morodo responde a las "informaciones periodísticas, aparecidas en los últimos meses", que señalan que el exembajador, su hijo Alejo y dos socios venezolanos se apropiaron de decenas de millones de euros de PDVSA a través de una compleja trama societaria.
El comunicado señala que las empresas Aequitas Abogados y Consultores Asociados y Furnival, encabezadas por Alejo Morodo, mantuvieron una relación contractual con PDVSA, "prestando servicios de asesoría jurídica, consultoría y coordinación legal, de carácter técnico e internacional, respondiendo a una plena legalidad y reconocimiento".
El hijo de Morodo asegura también en la nota que no ha sido ni es socio de los ciudadanos venezolanos Juan Carlos Márquez y Carlos Prada, en contra de lo que apuntan los investigadores.
Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado muerto en julio de 2019 ahorcado con un cinturón tras haber prestado declaración ante el juez español que instruye esta causa.
Márquez, exalto cargo de PDVSA, había sido detenido unos día antes en el aeropuerto de Madrid, tras aterrizar en un vuelo procedente de Panamá, y fue puesto en libertad tras mostrarse dispuesto a colaborar en la investigación.
Sobre el exembajador español en Venezuela, el comunicado recuerda que en su misión diplomática, entre 2004 y 2007, "realizó la pertinente función encomendada y reconocida por el Gobierno: apoyo y defensa de los intereses españoles y ayudar, dentro de los límites de dicha función, al diálogo político constitucional en el país".
Al igual que su hijo, Morodo "desea aclarar, también, que no es, ni ha sido" socio de los dos ciudadanos venezolanos antes citados y destaca que el patrimonio de su esposa, Cristina Cañeque de Solá, procede de la herencia de su padre y no tiene relación alguna con Venezuela.
La Audiencia Nacional española, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha cursado comisiones rogatorias a Suiza, Panamá y Portugal y ha pedido extensa información bancaria a diversas entidades para rastrear el patrimonio de la familia Morodo.