Un juez de Costa Rica ordenó 4 meses de prisión preventiva al anular las fianzas que un juzgado había otorgado a dos poderosos empresarios del sector construcción, quienes figuran como sospechosos de un caso de corrupción en licitaciones de obra pública.
"La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirma que fue notificada de la resolución en la que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública acogió el recurso de apelación del Ministerio Público, respecto a las medidas cautelares de los imputados Solís y Cerdas, quedando vigente la prisión preventiva para ambos", indica un comunicado oficial.
Cerdas ya está detenido, mientras que Solís se entregará en breve, según informó a la prensa su equipo legal.
El pasado 14 de junio las autoridades judiciales detuvieron a 30 personas entre empresarios de la construcción y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y que es el encargado de los proyectos de obra pública en el país.
La Fiscalía describe el caso como "un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública".
Las autoridades investigan delitos como cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado, y el caso abarca desde el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Conavi hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas. El caso involucra cerca de 120 millones de dólares.
Las empresas investigadas son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales.
Entre las personas sospechosas de este caso figuran los poderosos empresarios Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más grandes en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís, quienes se encuentran en libertad con medidas cautelares tras pagar sendas fianzas para evitar la prisión preventiva.
Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años.
También son investigados el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas, así como funcionarios y exfuncionarios del Conavi.
FUENTE: EFE