La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a cinco colombianos, identificados como líderes del Clan del Golfo (CDG), también conocido como “los Urabeños”. Esta organización se ha consolidado como una de las mayores en el tráfico de drogas en Colombia y juega un papel crucial en el contrabando de personas a través de la peligrosa zona del Darién.
En un reciente desarrollo, un gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Sur de Florida presentó cargos contra José Miguel Demoya Hernández por tráfico de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos. Demoya Hernández, actualmente prófugo, también enfrenta cargos en Colombia por su asociación con el CDG. Otro líder del grupo, Alexander Celis Durango, considerado el máximo responsable financiero del CDG, fue detenido en 2023 en Colombia y se encuentra a la espera de ser extraditado a Estados Unidos tras ser acusado en marzo de 2021.
Las sanciones impuestas por la OFAC a Demoya Hernández y Celis Durango se basan en su participación en actividades que contribuyen significativamente a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Junto a ellos, también fueron sancionados José Gonzalo Sánchez Sánchez, considerado el segundo al mando del CDG, y José Emilson Córdoba Quinto y Wilder de Jesús Alcaraz Morales, quienes controlan los flujos migratorios a través del Darién y el transporte de drogas.
Las autoridades colombianas han ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos colombianos por información que lleve a la captura de Córdoba Quinto y Alcaraz Morales. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. ha lanzado un programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional para obtener información sobre los líderes del CDG involucrados en el tráfico de personas en la región del Darién.
La zona del Darién, que se extiende por 5,750 kilómetros cuadrados de selva tropical, representa una barrera natural entre América Central y América del Sur, y ha sido un punto crítico para las operaciones del CDG, que no solo se dedica al narcotráfico, sino también al transporte ilegal de migrantes y armas.
Las recientes sanciones destacan el compromiso de Estados Unidos de combatir el narcotráfico y el tráfico de personas en la región, en un esfuerzo por desmantelar las redes criminales que operan en la frontera entre Colombia y Panamá.