El procurador general del Estado (abogado general del Estado), Daniel Soria, denunció este viernes al presidente de Perú, Pedro Castillo, ante la Fiscal de la Nación (fiscal general) por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Al menos uno de esos aparentes encuentros se produjo fuera del Palacio de Gobierno de Lima para que no quedase registro oficial, como demostró un reportaje periodístico del programa dominical Cuarto Poder que captó a López y Castillo dentro de un mismo inmueble del distrito limeño de Breña al mismo tiempo.
Pocos días después de ese supuesto encuentro, el consorcio Puente Tarata III que ella representaba ganó la licitación con un contrato de 232,5 millones de soles (57,6 millones de dólares) gracias a una oferta 27 céntimos de sol (0,06 dólares) más baja que la siguiente mejor calificada.
Este consorcio se adjudicó así la obra pese a que el presidente del comité de selección, Miguel Espinoza, había advertido que no había presentado facturaciones de obras similares realizadas en el pasado, uno de los requisitos marcados en las bases del concurso público.
Soria señaló en su denuncia que existen sospechas de que el presidente peruano "también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias" que investiga el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima.
En ese caso está investigado el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea para ascender a militares allegados al presidente.
En esta jornada, la Fiscalía allanó las casas de Pacheco y López, quienes tienen actualmente impedimento de salida del país por este caso de presunta corrupción.
Semanas atrás ya fue allanado el despacho de Pacheco, en el que se le encontraron 20.000 dólares en efectivo guardados en su baño personal de Palacio de Gobierno que él atribuyó a ahorros personales.
En su declaración, Pacheco informó al procurador que no tenía registro de las reuniones que el jefe de Estado mantuvo en el inmueble de Breña que Pedro Castillo ya usó como su búnker y centro de operaciones durante la campaña electoral.
El procurador general solicitó a la Fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, que una vez abierta la investigación no la suspenda, pues sostiene que "el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado".
FUENTE: EFE