El Órgano Judicial informó que tras concluir la fase de alegatos en la audiencia preliminar, la jueza segunda liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Lorena Hernández, abrió causa criminal contra el exalcalde capitalino, Bosco Vallarino, imputado por la presunta comisión del delito contra la istración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos, en perjuicio de la Alcaldía de Panamá.
Cabe destacar que la defensa técnica particular del exalcalde presentó un incidente de prescripción de la acción penal y otro incidente de nulidad en contra de una prueba madre, los cuales fueron rechazados por la juzgadora, y se declaró sustracción de materia cuyo fundamento legal está establecido en el artículo 701 del Código Judicial, toda vez que estos incidentes habían sido presentados anteriormente con pronunciamiento del juzgado de origen, siendo apelados por la defensa particular con los respectivos pronunciamientos en segunda instancia, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Con respecto al otro ciudadano imputado en este proceso penal, la defensora pública, licenciada Carmen Luisa Tovar de Stagnaro, presentó un incidente de prescripción de la acción penal, y la jueza declaró la acción penal prescrita y ordenó el archivo y el cierre del proceso solamente para él, toda vez que la conducta ilícita desplegada se enmarcaba en el artículo 347 del Código Penal, que conlleva una pena de prisión de 3 a 6 años en concordancia con el artículo 1968 B, numeral 1 del Código Judicial, que señala que la prescripción de la acción emerge en un plazo igual a 6 años para delitos sancionados con pena de prisión que no supere los 6 años. Es importante indicar que hasta ese momento no se había calificado el mérito legal.
Los antecedentes de este hecho se inician el 24 de marzo de 2015, a raíz de la publicación de un video en las redes en la que aparecía el exalcalde de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino, aparentemente recibiendo dinero de manos de otra persona como soborno para la construcción de estacionamientos soterrados en la urbe capitalina.
La pena en el caso de los delitos contra la istración Pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos, oscila entre 4 a 8 años de prisión.