La Contraloría General de la República informó a las nuevas autoridades de los puestos de elección popular que tienen un plazo de 10 días hábiles, contados desde la toma de posesión, para presentar la declaración jurada de su estado patrimonial, mediante escritura pública, según lo detalla la Ley N° 59 de 29 de diciembre de 1999.
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La normativa esta dirigida para el presidente y vicepresidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales ordinarios y especiales, al procurador de la Nación y de la istración, los jueces ministros y viceministros de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional, a los rectores y vicerrectores de universidades oficiales, a los directores generales, gerentes o jefes de entidades autónomas, a los directores nacionales y provinciales de los servicios de policía, al defensor del Pueblo y, en general, a todos los empleados y agentes de manejo de fondos públicos conforme al Código Fiscal.