El diputado Leandro Ávila explicó cuáles son las acciones que han tomado en la Asamblea Nacional tras el veto que hiciera el Órgano Ejecutivo del proyecto de Ley N° 524, por el cual se modifica un artículo de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que condiciona el reconomiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos y la constitución de los Órganos Superiores de Carrera istrativa.
El también miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) asegura que él no es el creador de la prima de antigüedad en el sector público, pues esta viene desde el 2013 (Ley N°127 del 31 de diciembre de 2013) y entra en vigencia desde el 2014, y aclaró que lo único que estaban haciendo es separar esa condición que se puso de que la prima de antigüedad no se pagaría hasta que se nombrara a los Magistrados de la función pública, ya que según el diputado es la condición que han puesto algunos gobiernos para no pagarle a los trabajadores, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en varias ocasiones respecto a este tema asegurando que "independientemente de que se nombren estos magistrados o no los trabajadores públicos tienen derecho a que se les pague la prima de antigüedad".
Ávila agregó que después que el Ejecutivo sancione las modificaciones que hicieron en el veto, él debe tratar junto con sus colegas diputados de promover una ley que determine el pago a los servidores públicos a través de documentos negociables, ya que la pandemia, según el diputado, ha bajado los ingresos y a través de estos documentos se puede ir a la banca y ésta le pagará a los funcionarios liquidados, mientras que le da tiempo al Gobierno de pagarle a la banca en tres o cinco años, ayudando a la reactivación de la economía y hará que más de 20 mil trabajadores públicos que ya están esperando su prima de antigüedad se retiren del sistema, porque ya están pensionados, y así puedan salir del servicio público y darle paso a nuevas generaciones.
¿Cuáles son las modificaciones que pidió el Ejecutivo a través del veto?
Según explicó el diputado Ávila entre las modificaciones que pidió el Ejecutivo es la de evitar hablar de retroactividad, sin embargo destacó que ésta ya está implícita en la Ley del 2013.
"Yo no planteo la retroactividad, porque como bien lo mencioné la ley viene desde el 2013. A partir de enero del 2014 se comienza a traer ese derecho por ende si estamos en el 2021, el Gobierno tendría que pagar desde el 2014 para adelante, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho, inclusive que esto es desde que el trabajador público entró a trabajar, es decir que es mucho más allá de lo que yo estoy pensando", destacó Ávila.