El gobierno de Panamá convocó el miércoles a los directivos de Cobre Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, para que brinden explicaciones sobre su reciente plan de visitas a la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, que cesó operaciones debido a un fallo judicial.
El anuncio del programa de visitas por parte de Cobre Panamá llegó luego de que la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de concesión el pasado 28 de noviembre, tras semanas de protestas en todo el país contra la actividad minera.
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El Ministerio de Industria y Comercio ha convocado a los directivos de la empresa para que aclaren el plan de visitas y participación ciudadana en el sitio de la mina, en una reunión programada para el jueves 22 de febrero.
First Quantum Minerals busca compensación por cierre de mina en Panamá 6oc5b
Mientras tanto, en paralelo, se desarrolla un arbitraje internacional en Miami iniciado por First Quantum Minerals para proteger su inversión en Panamá. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se especula que la empresa canadiense estaría buscando una compensación de hasta 20.000 millones de dólares en esta instancia.
El plan de visitas anunciado permitiría a cualquier panameño adulto o extranjero residente visitar la mina, ubicada en una zona remota de la costa caribeña, tras inscribirse en línea. La finalidad de estas visitas, según la portavoz de la empresa, Maru Gálvez, es establecer canales de comunicación abiertos con la ciudadanía para contrarrestar la "campaña de desinformación" en contra de la mina.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han denunciado graves incumplimientos del gobierno panameño en el proceso de cierre de la mina, con riesgo de deslaves. En respuesta, el Ministerio de Industrias anunció que enviará a la minera recomendaciones para un cierre ordenado y seguro de la misma en la primera semana de marzo.
La mina Cobre Panamá, que representaba el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% de su PIB, despidió a la mayor parte de sus 7.000 empleados tras el fallo judicial, quedando solo unos 1.400 trabajadores realizando labores de mantenimiento, mientras que los caminos de y el puerto de embarque de cobre permanecen desiertos.