El Estado panameño dio por concluidas, en enero de 2022, las negociaciones con Minera Panamá para la firma de un nuevo contrato para la operación del proyecto Cobre Panamá, por lo que la empresa no puede considerar que esta es una etapa de “renegociación”.
“Este tema inicia con una decisión de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la Ley de 1997. Esa decisión fue publicada a finales del año 2021 y se inicia el proceso de negociación con la empresa Minera Panamá, que culmina el 17 de enero del año 2022, donde la empresa, por escrito, acepta los términos y condiciones de esa mesa de negociación. Se acordaron temas importantes en materia fiscal, en materia económica, en materia de regalías, en materias laborales y ambientales. Desde ese momento, 17 de enero de 2022, hasta la fecha nosotros lo que hemos realizado es un proceso de redacción del contrato que refleje cabalmente los términos y condiciones acordados por ambas partes en enero de 2022”, expresó el ministro Alfaro.
Detalló que para este proceso el Estado panameño ha incorporado a asesores locales en materia legal como la firma Patton, Moreno & Asvat; asesores internacionales como la firma Squire Patton Boggs y Allen & Overy; y un equipo multidisciplinario económico minero.
“Cuando yo entro en el puesto y me siento en esa mesa de redacción del contrato, yo soy muy claro con la empresa y les digo que bajo ninguna circunstancia este proceso de redacción de contrato se pudiese convertir en un proceso de renegociación de los términos ya pactados”, aseguró Alfaro.
Con respecto a la cifra de aporte anual establecida en el acuerdo, Alfaro indicó que se trata de un “ingreso mínimo garantizado” que pide el Estado de 375 millones de dólares, y aseguró que en las negociaciones el CEO de First Quantum Minerals, de la que Minera Panamá es subsidiaria, estuvo de acuerdo con este monto e incluso planteaba que era “razonable”.
Según Alfaro, entre lo pactado también hay protecciones para la empresa a la baja. “En caso de que el precio de cobre bajase a menos de dos dólares con 75 centavos, el ingreso mínimo garantizado no entraría en efecto. Si la empresa, por alguna razón, no pudiese extraer más de 250 mil toneladas al año, tampoco”.
"Hay algunos temas importantes y fundamentales en materia económica, en materia legal, que todavía no se han acordado, razón por la cual el Gobierno panameño mantiene una posición firme sobre esos temas pendientes, y razón por la cual hasta el momento la empresa no ha firmado el contrato. Yo siempre tengo la esperanza de que nosotros podamos llegar a la firma de un contrato, pero debo ser muy prudente y muy responsable cuando yo digo que la posición del Estado panameño va a ser mantenerse firme y velar que los intereses del pueblo panameño estén debidamente representados en ese contrato, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos aceptar términos y condiciones, que en nuestra opinión no protejan esos intereses", acotó Alfaro.
Minera Panamá ha solicitado un área adicional de uso y servidumbre, según indicó el ministro Alfaro, quien señaló que el Gobierno reconoce la necesidad de la empresa de expandir sus operaciones, por tratarse de un contrato de largo plazo, sin embargo señaló que "esas tierras adicionales deben ser en base a los acuerdos y tratados ambientales que establecen un tope de cuánta tierra se puede otorgar dentro del área protegida, como es el área donde está operando la mina".