Mediante un convenio interinstitucional para la implementación, uso y monitoreo de los brazaletes electrónicos, aprueban implementar como medida de protección a las víctimas de violencia doméstica y otros delitos; el Procurador General de la Nación (PGN), Javier Enrique Caraballo Salazar, destacó que el uso del brazalete se constituye en una herramienta que esperemos logre proteger la integridad física y psicológica de las víctimas de violencia doméstica.
Lo que va a permitir monitorear y evitar que actos de violencia terminen en hechos lamentables en homicidio y lesiones graves, resalta el procurador. Lo que va a permitir monitorear y evitar que actos de violencia terminen en hechos lamentables en homicidio y lesiones graves, resalta el procurador.
Además, el Procurador Caraballo señaló que estos brazaletes en un inicio, un plan piloto para los casos de violencia doméstica, no obstante, con la aplicación de estos, se podrá utilizar para otros delitos cuando la integridad física de la víctima este riesgo.
La firma de este Convenio Interinstitucional es importante por parte del Ministerio Público, ya que tiene la atribución de perseguir los delitos, y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales, según lo establece el numeral 4 del Artículo 220, de la Constitución Política de la República de Panamá.
En la firma también estuvieron presentes la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, el Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, la Ministra de la Mujer, Juana Herrera Araúz y el Ministro de Gobierno, Roger Tejada.
Brazaletes electrónicos como medida de protección
El convenio destaca que se hace necesario implementar una medida especial de protección que garantice una seguridad real y efectiva a las mujeres víctimas de violencia doméstica y otros delitos, toda vez que se da por sentado un incremento en el incumplimiento de la prohibición de acercarse a la víctima, poniendo en riesgo la vida e integridad de la mujer.
El Ministerio Público asume mediante esta firma el compromiso de establecer un registro estadístico sobre los casos de violencia doméstica, violencia de género y delitos sexuales a nivel nacional, desagregado por edad, etnia, condición migratoria y lugar de los hechos.
Además mantener la coordinación con el Órgano Judicial, el Centro de Monitoreo y Localización y los fiscales deberán solicitar audiencia ante el Juez de Garantías, una vez tengan conocimiento del quebrantamiento de las medidas de protección o del incumplimiento de la medida cautelar.